Contra el Periodista:
Juan Carlos Martínez
*** La FGJ CDMX lo toma como "un juego".
Blas A. Buendía *
Encapuchados y actuando como
auténticas “pirañas” amparados con “charola” y “fusca” al cincho para
aterrorizar a “medio mundo”, funcionarios del Gobierno y de la Fiscalía General
de Justicia, ambos de la Ciudad de México, atacaron al comunicólogo y abogado
penalista Juan Carlos Martínez, en un acto que por demás ha protestado,
absolutamente ninguna autoridad le ha brindado la atención necesaria para
protegerlo del crimen organizado que opera dentro de las mismas instituciones
republicanas.
En querella, fue despojado, de nueva cuenta, del departamento que habitaba en la colonia de los Doctores. Los hechos se registraron el 21 de octubre del presente al filo de las 14:00 hora previo a su comparecencia en el Ministerio Público por otro despojo de otro inmueble, robo de obras de arte, su biblioteca personal, entre otros artículos de valor.
Si bien pareciera una consigna emanada de los sótanos del poder omnímodo de esta administración que se ha caracterizado por pisotear los derechos humanos y de contribuyentes sin respetar la Carta fundamental que gobierna a toda la Nación, el delito fue concertado al unísono por profesionales en la materia penal de dicha Fiscalía del despacho de la justica en la ciudad de México.
Entre ellos -explicó el periodista y Doctor en Derecho-, figuran Ministerios Públicos, oficiales secretarios, defensores, asesores públicos y victímales, que asesoraron cómo realizar despojo o (despiojo como lo llaman en dicha institución), y de la misma manera asesores de la subliminal empresa denominada TecNoCasa, del departamento del inmueble ubicado en la calle de Doctor Jiménez número 41, colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, de la gran ciudad, que a contrario sensu strictissimo, como lo definiría el desaparecido escritor mexicano Carlos Fuentes, “la Ciudad Alcantarilla”.
Si bien reconoce que el misterio público se halla en una encrucijada del “gato encerrado”, para el periodista y abogado Juan Carlos Martínez –entrevistado en vía pública-, “quienes se organizaron todo se inició desde comenzó en las instalaciones de la Coordinación Territorial CUAH-8 ubicado en la calle de Chimalpopoca número 100, colonia Obrera, Alcandía Cuauhtémoc en la capital de la República, y en asesores víctimales de Dr. Rio de la Loza, Colonia Doctores.
Dijo que es casualidad que en plena
comparecencia contra otro despojo, apareciera la duela del departamento
exigiendo la entrega de llaves del inmueble en mención, esto con la finalidad
de ridiculizar y forzar el protocolo de entrega de llaves, cuando ya se había
cambiado chapas, combinación de chapas,etcétera.
“Cabe hacer mención que la señora me buscaba para pedirme el departamento días antes, pero no fue posible localizarme ya que estaba enfermo del Covid-19, a punto de la muerte, cerca donde estuvo Dante Aligeri y la Divina Comedia”, comentó.
La dueña del edificio quien fue en varias ocasiones a la agencia del MP, estuvo siendo asesorada en diversas ocasiones por dicha institución y TecNoCasa empresa dedicada a los bien raíces, pues vecinos del lugar la escucharon decir hasta la burla de cómo fue el ataque al periodista.
Estos -señaló- que día de la comparecencia uno de los abogados victimales le comentó que al también altruista escritor cultural, que de igual forma como en el caso de despojo del Río de Loza 234, colonia doctores, el dueño del inmueble era el INVI y tenía todo el derecho de despojarnos y hasta sin orden judicial, a lo cual es evidente que los asesores jurídicos carecen de conocimiento de la materia civil y fingen demencia.
ILUSTRACIÓN
El Doctor en Derecho Juan Carlos Martínez, comentó que es importante ilustrar a las autoridades de la FGJ-CDMX, que el delito de despojo se encuentra establecido en el Código Penal de esta Ciudad en su artículo 237 y 238; en el primer dispositivo, menciona como un delito grave ya que una sanción de dos a cinco años prisión al que de propia autoridad, por medio de violencia física o moral, el engaño furtivamente, ocupe un inmueble ajeno, haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca; “…o en los casos en que la ley no lo permite por hallarse en posesión de otra persona o ejerza actos de domino que lesionen derechos legítimos del ocupante…”
Mientras el delito aún más grave se encuentra en el artículo 238 que dice que además de las sanciones anteriores se impondrá de seis a diez años de prisión –sin derecho a caución-, cuando el despojo se realice por grupo o grupos de tres o más personas, (pandilla, asociación delictuosa y delincuencia organizada como lo menciona el capítulo II en su artículo 252), cuando simule actos de autoridad, documentos falsos, participe un servidor público, o se cometa contra ascendentes y que a quienes cometan en forma reiterada el despojo de inmuebles…, se les impondrá de dos a nueve años de prisión…”
Pero lo más relevante, es que la posesión es un derecho real tutelado, lo que menciona la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, en su artículo 14, donde indica: “…Que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho”.
Otro fundamental es el artículo 16, en la cual menciona que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, (y ordinario civil), bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento antes mencionado.
Así es que, ni el propio Presidente de la República podría desalojar a persona alguna sin orden judicial más que en juicio de controversia de arrendamiento o comodato, contrato verbal, ni mucho menos para recuperación de los bienes inmuebles y patrimonio del Estado, o sea ni la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, el Instituto de la Vivienda de esta Ciudad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la FGJ-CDMX, puede violar la Carta Federal.
En síntesis, pareciera que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y la Fiscal Ernestina Godoy, son “comadres cómplices de la injusticia”, toda vez que en el imaginario de la sociedad, acusan que la FGJCDMX es hoy en día el “centro de operaciones del crimen institucional”, en tanto que la capital de la República ya se transformó en “tierra de nadie…”, al muy estilo de la 4T.
Reportero Free Lance *
En querella, fue despojado, de nueva cuenta, del departamento que habitaba en la colonia de los Doctores. Los hechos se registraron el 21 de octubre del presente al filo de las 14:00 hora previo a su comparecencia en el Ministerio Público por otro despojo de otro inmueble, robo de obras de arte, su biblioteca personal, entre otros artículos de valor.
Si bien pareciera una consigna emanada de los sótanos del poder omnímodo de esta administración que se ha caracterizado por pisotear los derechos humanos y de contribuyentes sin respetar la Carta fundamental que gobierna a toda la Nación, el delito fue concertado al unísono por profesionales en la materia penal de dicha Fiscalía del despacho de la justica en la ciudad de México.
Entre ellos -explicó el periodista y Doctor en Derecho-, figuran Ministerios Públicos, oficiales secretarios, defensores, asesores públicos y victímales, que asesoraron cómo realizar despojo o (despiojo como lo llaman en dicha institución), y de la misma manera asesores de la subliminal empresa denominada TecNoCasa, del departamento del inmueble ubicado en la calle de Doctor Jiménez número 41, colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, de la gran ciudad, que a contrario sensu strictissimo, como lo definiría el desaparecido escritor mexicano Carlos Fuentes, “la Ciudad Alcantarilla”.
Si bien reconoce que el misterio público se halla en una encrucijada del “gato encerrado”, para el periodista y abogado Juan Carlos Martínez –entrevistado en vía pública-, “quienes se organizaron todo se inició desde comenzó en las instalaciones de la Coordinación Territorial CUAH-8 ubicado en la calle de Chimalpopoca número 100, colonia Obrera, Alcandía Cuauhtémoc en la capital de la República, y en asesores víctimales de Dr. Rio de la Loza, Colonia Doctores.
“Cabe hacer mención que la señora me buscaba para pedirme el departamento días antes, pero no fue posible localizarme ya que estaba enfermo del Covid-19, a punto de la muerte, cerca donde estuvo Dante Aligeri y la Divina Comedia”, comentó.
La dueña del edificio quien fue en varias ocasiones a la agencia del MP, estuvo siendo asesorada en diversas ocasiones por dicha institución y TecNoCasa empresa dedicada a los bien raíces, pues vecinos del lugar la escucharon decir hasta la burla de cómo fue el ataque al periodista.
Estos -señaló- que día de la comparecencia uno de los abogados victimales le comentó que al también altruista escritor cultural, que de igual forma como en el caso de despojo del Río de Loza 234, colonia doctores, el dueño del inmueble era el INVI y tenía todo el derecho de despojarnos y hasta sin orden judicial, a lo cual es evidente que los asesores jurídicos carecen de conocimiento de la materia civil y fingen demencia.
El Doctor en Derecho Juan Carlos Martínez, comentó que es importante ilustrar a las autoridades de la FGJ-CDMX, que el delito de despojo se encuentra establecido en el Código Penal de esta Ciudad en su artículo 237 y 238; en el primer dispositivo, menciona como un delito grave ya que una sanción de dos a cinco años prisión al que de propia autoridad, por medio de violencia física o moral, el engaño furtivamente, ocupe un inmueble ajeno, haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca; “…o en los casos en que la ley no lo permite por hallarse en posesión de otra persona o ejerza actos de domino que lesionen derechos legítimos del ocupante…”
Mientras el delito aún más grave se encuentra en el artículo 238 que dice que además de las sanciones anteriores se impondrá de seis a diez años de prisión –sin derecho a caución-, cuando el despojo se realice por grupo o grupos de tres o más personas, (pandilla, asociación delictuosa y delincuencia organizada como lo menciona el capítulo II en su artículo 252), cuando simule actos de autoridad, documentos falsos, participe un servidor público, o se cometa contra ascendentes y que a quienes cometan en forma reiterada el despojo de inmuebles…, se les impondrá de dos a nueve años de prisión…”
Pero lo más relevante, es que la posesión es un derecho real tutelado, lo que menciona la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, en su artículo 14, donde indica: “…Que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho”.
Otro fundamental es el artículo 16, en la cual menciona que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, (y ordinario civil), bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento antes mencionado.
Así es que, ni el propio Presidente de la República podría desalojar a persona alguna sin orden judicial más que en juicio de controversia de arrendamiento o comodato, contrato verbal, ni mucho menos para recuperación de los bienes inmuebles y patrimonio del Estado, o sea ni la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, el Instituto de la Vivienda de esta Ciudad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la FGJ-CDMX, puede violar la Carta Federal.
En síntesis, pareciera que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y la Fiscal Ernestina Godoy, son “comadres cómplices de la injusticia”, toda vez que en el imaginario de la sociedad, acusan que la FGJCDMX es hoy en día el “centro de operaciones del crimen institucional”, en tanto que la capital de la República ya se transformó en “tierra de nadie…”, al muy estilo de la 4T.
Reportero Free Lance *
